La Guardia Civil se refuerza en Cataluña en plena ofensiva de los Mossos por el control costero

Los desaires del Gobierno catalán usando como arma arrojadiza a los Mossos d’Esquadra es algo a lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan tiempo acostumbrados a vivir en Cataluña. Poco a poco el papel de los Mossos ha ido creciendo, marginando al resto de cuerpos como la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero hace sólo unas horas han sido precisamente estos los que han marcado un territorio innegociable al que la policía catalana pretendía acercarse: el control policial de las aguas costeras catalanas.

Y es que en el final del anterior párrafo está incluido el error de base que comete el Gobierno de Cataluña al tratar de aspirar a controlar policialmente esas aguas. Se trata de aguas territoriales españolas sobre las que debe tener control como Policía Judicial la Guardia Civil y en el caso de que otro cuerpo policial pretendiera operar en ellas, como es la aspiración de los Mossos, sería como fuerza de apoyo y en todo caso para labores estrictamente administrativas. Para que todo el mundo lo comprenda: la Guardia Civil se ocuparía de operaciones relacionadas con el narcotráfico, por ejemplo, y los Mossos quedarían para revisar títulos de patrones de embarcaciones o confirmar que la documentación obligatoria esté en regla.

Esto que a priori parece sencillo de entender ha requerido una puesta en escena en Tarragona en la que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la delegada del Gobierno en Cataluña, Eugènia Gay, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se han unido para inaugurar 2.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones en las que operará desde ahora el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la costa tarraconense.

La situación de aparente normalidad y cordialidad entre ambos cuerpos, Mossos y Benemérita, no es más que fachada desde que el año 2008 la policía autonómica pusiera en marcha una sección que solapaba el trabajo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Pero aquello fue sólo el germen de lo que se ha venido desarrollando durante los últimos años y que culminó en febrero de 2020, pocas semanas antes de la pandemia, que, como todo, también ha frenado el crecimiento de la unidad marítima de los Mossos.

La lancha de Buch

En aquel momento se anunció que se iban a dedicar 1,2 millones de euros a la adquisición de las primeras embarcaciones de este servicio. De hecho, aquel mes el que fuera conseller de Interior, Miquel Buch, se apretujó, literalmente, con otras cinco personas, cuatro de ellas mossos, en la proa de una embarcación semirrígida para anunciar desde una localidad costera de Tarragona que los Mossos “pasaban a asumir las funciones que por ley le corresponden” en el ámbito marítimo.

No fueron pocos los que en aquella presentación vieron el enésimo desplante del Gobierno de Cataluña a una jurisdicción policial de ámbito nacional, así que no entender el acto de inauguración de nuevas instalaciones de la Guardia Civil en Tarragona como un aviso a aquellos que no tengan claro el papel de cada uno puede resultar incluso naif.

23 patrulleras y dos buques oceánicos. Esa es la dotación, sólo en lo que a embarcaciones se refiere, que tiene la Guardia Civil en todo el litoral español y las islas. Sólo para Cataluña, incluyendo como posibles apoyos las embarcaciones asignadas a Valencia y Baleares y que podrían acercarse a las costas de Cataluña por proximidad geográfica. Con esta dotación es normal que haya fuentes en la Guardia Civil que no vean en el Servicio Marítimo de los Mossos una competencia real para sus atribuciones, pero ha habido más de un gesto que no ha ayudado precisamente a calmar las aguas entre ambos cuerpos en ese sentido.

El más reciente se produjo el pasado mes de diciembre durante la celebración del Salón Náutico de Barcelona. Hasta allí se acercó el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada para inaugurar el stand que la Armada tenía en la feria, pero aquello quedó diluido al transcender unas fotografías del AJEMA embarcando en el Cap de Creus, un barco de apenas 10 metros de eslora adquirido por los Mossos para su servicio marítimo. Dos inspectores de la policía catalana perfectamente uniformados recibieron al alto mando militar en la embarcación para dedicarle una breve visita por las reducidas dimensiones del barco y su instrumental. Aquello no sentó nada bien en determinados sectores de la Guardia Civil. Otros sin embargo le restaron importancia al creer que los límites jurisdiccionales en esta materia están más que claros.

Casualidad o no, tres meses después de aquel episodio en el Salón Náutico de Barcelona, la Guardia Civil estrena instalaciones y luce sus dotaciones en Tarragona para dejar muy claro que, en las aguas territoriales españolas, sea cual sea la costa que bañen, ellos son la autoridad.